Desde 1977, cada año el 15 de marzo, militantes de diferentes regiones del mundo hacen un llamado a manifestaciones y a acciones directas contra la represión o las brutalidades policiales. Por el momento, es difícil encontrarse por causa de la pandemia, pero esto no significa que nos quedamos silenciosos. La violencia de las autoridades destruye comunidades locales y da lugar a situaciones donde toda iniciativa está sujeta no solamente a multas o a penas de encarcelamiento, ¡sino también a palizas y torturas! Si las violencias contra los militantes políticos están, en cierta medida, en disminución en relación con el siglo XX, hoy las violencias contra las personas ordinarias no dejan de aumentar. Es quizás debido a la indiferencia, a la falta de solidaridad o a la discriminación basada en la edad o la etnia a la que pertenecen.
En esta jornada internacional contra la represión policial, la Juventud Obrera Cristiana Internacional se asocia a la clase obrera, a la sociedad civil y a los movimientos sociales para condenar los actos de violencia policial y la represión de Estado.
Estamos profundamente preocupados por la escalada de violencia en las intervenciones policiales durante las manifestaciones largamente pacíficas organizadas en muchos países del mundo, en el transcurso de las que las balas de caucho, los gases lacrimógenos, el gas picante y, en ciertos casos las balas reales, son utilizados en violación de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y la gestión de las concentraciones. Es lo que se produce actualmente en Myanmar, en los Estados Unidos, en Hong Kong, en Venezuela, en Bélgica, en la India y más que probable en muchos otros países.
Por otra parte, estamos muy preocupados por los numerosos informes provenientes de organizadores de los trabajadores, de dirigentes sindicales, de jóvenes, de migrantes y de miembros de las minorías que hacen estado de actos de acoso, de controles de identidad abusivos, de humillaciones policiales, de la existencia de listas negras y de muertos, a pesar de que las fuerzas del orden deberían utilizar su posición para servir de fuerza unificadora y proteger los derechos humanos. Los movimientos nacionales y los militantes de la JOCI están directamente afectados. Como lo explica un militante de la JOC de Filipinas:
“Como organización de trabajadores, es cada vez más difícil gozar de la libertad de organizarnos aquí en Filipinas, porque la ley antiterrorista abrió la vía a la perpetración de abusos y de actos de acoso por las autoridades gubernamentales contra ciudadanos ordinarios y personalidades reconocidas, grupos y organizaciones de trabajadores que han expresado sus sentimientos frente a la incompetencia y a la ineficacia del gobierno en el tratamiento de los problemas socio-económicos del país. En lugar de ver la promulgación de los derechos humanos, los sindicatos, los indígenas, los periodistas, los clérigos, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos como el nuestro han sido objeto de cientos de asesinatos, de detenciones ilegales, de acusaciones fabricadas con todo tipo de pruebas, de amenazas y de actos de acoso.” - JOC Filipinas
Nuestra mayor preocupación es de terminar con estas injusticias. ¡Las desigualdades no deben ser permitidas! No toleramos la humillación, no solamente de militantes políticos, de los organizadores de los trabajadores, de los indígenas, de los migrantes y de los jóvenes, sino también de todos aquellos y todas aquellas que están bajo presión por la “justicia”.
¡Alto a la represión de los movimientos populares!
¡Alto a la represión de los migrantes y de los indígenas!
¡Alto a la represión en los barrios y comunidades!
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