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“Los Estados Unidos están proporcionando actualmente muchas dosis de vacuna a otros países, entre ellos Filipinas como regalo. Pero también lo hacen porque hay muchas dosis que están a punto de caducar.” (Hombre, Filipinas)
El acceso a las vacunas varía enormemente. Mientras que algunos países están levantando sus restricciones gracias al crecimiento del número de personas vacunadas en su territorio, otros países están confrontados a un aumento de casos y de muertos. En la mitad de junio de 2021, menos del 1% de la población del continente africano había sido vacunada.[1]
Esta desigualdad de acceso a las vacunas se agrega al crecimiento general de las desigualdades que la pandemia ha provocado desde su inicio: desigualdades fundadas en la edad, el sexo, la nacionalidad y la riqueza. Irónicamente, esta desigualdad de acceso a las vacunas conduce a una desigualdad aún más grande: además de los riesgos de salud para los que disponen de menos vacunas, el virus sigue afectando sus sociedades y sus economías.
Frente a esta realidad, recordamos las declaraciones políticas de 2021 prometiendo un escenario bien diferente. Entre otras la promesa de la presidenta de la Comisión europea que hablaba de la vacuna contra la Covid-19 como de “nuestro bien común universal”[2]. Declaró esto mientras anunciaba una “respuesta mundial al coronavirus”. El mecanismo COVAX fue creado sobre la base de ese principio de solidaridad mundial y de humanidad común, con el objetivo de una distribución equitativa de las vacunas, comenzando por la vacunación de un 20% de la población de cada país. Sin embargo, evidentemente esto no ha funcionado, debido a la falta de dinero de COVAX y más aún por el hecho de que los países han concluido sus propios contratos con las empresas farmacéuticas.[3]
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Desde el 28 de abril de 2021, el mundo ha sido testigo de un nuevo estallido social en la hermana República de Colombia, hemos visto y escuchado el clamor de jóvenes, mujeres, trabajadores/as, campesinos/as e indígenas movilizados en todo el país. También hemos observado una acción desmedida de violencia, brutal y criminal de parte de los cuerpos militares y policiales como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de la población que protesta en las calles, nuestro acceso a estas noticias es poca o quizás nula, sin embargo, las causas de esto, es de lo que menos se conoce.
Colombia es uno de los países de América Latina y el caribe que ha tenido una larga continuidad de gobiernos neoliberales, los que desde hace varias décadas han implementado una serie de reformas, y legislaciones antipopulares en las áreas de la salud, educación, seguridad social y trabajo, amparados en un robusto sistema militar y policial preparado para el contexto de guerra que vive el país, y en el marco de una constante violación estatal de los tratados de paz.
El último intento del gobierno para aprobar una reforma tributaria, el cinismo de la ultraderecha representada por uno de los personajes más deplorables de la historia de América: Álvaro Uribe Vélez y su títere Iván Duque; actual presidente de la República, quienes, al imponer sus medidas neoliberales, han desencadenado una rebelión popular de masas, poniendo de manifiesto la crisis estructural que vive el país y el fracaso de este modelo en el continente. La respuesta del gobierno ante esta muestra contundente de desacuerdo de las mayorías, ha sido más que lamentable, represión armada, violación de los derechos humanos de manifestantes, desapariciones de líderes sociales, violaciones sexuales y desarrollo de verdaderas masacres urbanas en diferentes puntos del país.
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“La digitalización es la manera por la que puedo mantener el contacto con mis amigos durante la pandemia. Pero la digitalización es también la razón por la que las personas no pueden separar su tiempo libre de su tiempo de trabajo. Es la razón por la que me siento obligada no solamente a responder a cada pequeño mensaje, sino también a hacerlo en el espacio de algunos minutos. La transformación digital es una cuestión compleja que exige una discusión compleja.”
Tras la expansión de la pandemia de COVID-19 nos enfrentamos a una profundización de los problemas sociales que vive la clase trabajadora internacionalmente. La pandemia ha incidido en casi todos los aspectos del mundo del trabajo, desde el riesgo de transmisión del virus en los lugares de trabajo, como también en la cotidianidad de la vida de la sociedad a escala planetaria.
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Desde 1977, cada año el 15 de marzo, militantes de diferentes regiones del mundo hacen un llamado a manifestaciones y a acciones directas contra la represión o las brutalidades policiales. Por el momento, es difícil encontrarse por causa de la pandemia, pero esto no significa que nos quedamos silenciosos. La violencia de las autoridades destruye comunidades locales y da lugar a situaciones donde toda iniciativa está sujeta no solamente a multas o a penas de encarcelamiento, ¡sino también a palizas y torturas! Si las violencias contra los militantes políticos están, en cierta medida, en disminución en relación con el siglo XX, hoy las violencias contra las personas ordinarias no dejan de aumentar. Es quizás debido a la indiferencia, a la falta de solidaridad o a la discriminación basada en la edad o la etnia a la que pertenecen.
En esta jornada internacional contra la represión policial, la Juventud Obrera Cristiana Internacional se asocia a la clase obrera, a la sociedad civil y a los movimientos sociales para condenar los actos de violencia policial y la represión de Estado.
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No hay nada muy diferente en la celebración del Día Internacional de la Mujer este año, sino que la situación es aún hoy más precaria y que afecta a muchas jóvenes trabajadoras. Antes de la pandemia del Covid-19, las jóvenes trabajadoras ya sufrían. Sus condiciones en los lugares de trabajo hicieron que muchos de sus derechos fueran olvidados o violados. Con la crisis del Covid-19, las jóvenes trabajadoras en particular son más afectadas, no solamente a nivel de los riesgos sanitarios, sino igualmente a nivel del impacto económico.
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Los Movimientos Internacionales de Acción Católica Especializada (MIACS) representan a más de 500 movimientos en el mundo con una gran diversidad de países y de medios. Un año de intercambio acerca de las incidencias del Covid sobre sus miembros respectivos ha llevado a la convicción común de que un “sistema que no llega a resolver problemas […] debe cambiar”. La pandemia agrava brutalmente los problemas preexistentes como el desempleo, las desigualdades entre géneros, entre ricos y pobres al interior y entre países, como lo demuestran los diversos estudios realizados por el MIDADE, la FIMARC y la JOCI.
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JOC Perú, 85 años de vida y acción
La JOC Peruana tiene un compromiso con la acción desde la formación para jóvenes durante 85 años y es reflejado en la vida y acción e historia de todo un movimiento nacional. En el Perú el 15 de mayo del 2021 la JOC cumple 86 años y ahora nos encontramos con desafíos grandes tal igual que los inicios de la JOC en Lima en el año 1935 y las 8 décadas de organización en varias regiones del territorio nacional. La pandemia COVID-19 ha afectado principalmente el empleo de los jóvenes y en ese sentido las comunidades de la JOC están buscando formas de repensar el trabajo, pero también de generar empleos más dignos y uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de la organización y la comunidad.
